El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley del Juego, que recoge novedades como la cesión de competencias de financiación proveniente de los nuevos impuestos sobre el juego 'online' a las comunidades autónomas.

Precisamente es entre los nuevos operadores de juego 'on line', que hasta ahora actuaban sin estar regulados, donde la nueva norma ha generado más críticas.

Uno de los aspectos más criticados del proyecto de Ley es la base sobre la que se van a calcular los nuevos impuestos. Así, el Gobierno ha propuesto que los impuestos que tendrán que pagar los operadores se calcule sobre los ingresos brutos que tienen por su negocio, mientras que desde el sector se pide que se calcule sobre los ingresos que obtienen las compañías después de restar lo que devuelven en premios a los jugadores.

En este sentido, fuentes del sector explican que en algunos juegos por cada 100 euros que el usuario juega, se devuelven 80 en premios, por lo que si los impuestos se calculan sobre los 100 euros, "el negocio es imposible". Por ello, desde las empresas de juego, tanto presenciales como 'online', abogan por una fiscalidad basada en los ingresos netos, similar a la que se aplica en Gran Bretaña o en Italia.

El sector, que llevaba demandando una regulación desde hace tiempo, aplaude que finalmente el Gobierno presente una ley, pero, desde diversas asociaciones y compañías, se critica la falta de comunicación que ha habido con las empresas, que o bien mediante licencias, como es el caso de los bingos, o bien de facto, pero sin licencia, como es el caso de las casas de apuestas 'online' que tienen su sede en otros países, están operando ya en España.

Salvaguardas para ludópatas

Además de los nuevos impuestos, el proyecto de Ley del Juego establece salvaguardas para colectivos más sensibles, como los menores o las personas con ludopatía, así como la creación de la Comisión Nacional del Juego como órgano encargado de supervisar el sector.

Cada comunidad autónoma recaudará los impuestos generados por los usuarios que apuestan desde su territorio, cualesquiera que sea la página web en que se meta, siempre que tenga licencia para operar en España. Mientras, el Estado recaudará lo generado por los usuarios que jueguen en páginas web de operadores con licencia en España desde fuera del territorio español.

Indefinición sobre loterías

Otra de las críticas que hacen especialmente los casinos o los bingos es que Loterías y Apuestas del Estado (entidad pública que será privatizada) se haya reservado en el proyecto de Ley el negocio de la lotería, que no podrá organizar ningún operador privado, y la indefinición del texto redactado por el Gobierno sobre lo que puede ser considerado como lotería y lo que no.

Asimismo, se critica que en el proyecto no se contemplen medidas para eliminar la ventaja que han logrado las casas de apuestas 'online' estos años, que han estado operando sin pagar impuestos en España porque no había una Ley que regulara este tipo de negocios y piden, entre otras medidas, que se obligue a estas compañías a eliminar su base de datos de clientes.