Categorías que dan el sí o el no Veto y marcha atrás en Valencia Un experto cree que aún está por decidir si el filtrado es censura Un abogado dice que ninguna ley indica qué se puede limitar o cuánto El Supremo ordenó readmitir a un empleado que veía porno en el trabajo Una ONG sugiere poner el ordenador en un lugar de paso de la casa Pero la implantación de estos sistemas informáticos se convierte en instrumento de censura e imposición moral cuando, como en Valencia, se impide el acceso a páginas relacionadas con la homosexualidad. La palabra gay, por ejemplo. En las bibliotecas municipales valencianas, hasta ayer, su filtro impedía el acceso a las páginas en las que aparecía. Su programa de cribado aplicaba un tamiz tan estricto que la consideraba asociada a la pornografía. Una acción intolerable y censora para los colectivos homosexuales, que han acusado al Gobierno valenciano de escudarse en el funcionamiento de una máquina para esconder una carga moral contra la diversidad sexual. Este periódico comprobó ayer que los criterios más restrictivos conviven con la libertad absoluta en ordenadores de uso público. En la mayoría de ordenadores de bibliotecas no se puede acceder a la pornografía, pero algunos están totalmente abiertos. En ocasiones el criterio de qué se permite y qué no roza lo arbitrario. ¿Es malo entrar en YouTube? En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, es imposible acceder a este canal desde las bibliotecas públicas. En otras regiones los filtros se limitan a contenidos pornográficos o de juego. En el caso de los menores quedan pocas dudas. Los mecanismos de protección a la infancia son útiles. Pero ¿y con los adultos? Aunque los expertos sostienen que deberían perfeccionarse y personalizarse para evitar que páginas amigables se vean también capadas. Otro cantar es la limitación que algunas Administraciones imponen a los contenidos que sus trabajadores pueden consultar en Internet. Una decisión que, para algunos, roza peligrosamente la censura, pero que tiene otros elementos claros. Aquí no está en juego la protección de la sensibilidad del empleado hacia ciertos contenidos, sino más bien una cuestión de seguridad de la empresa. También de productividad. En un panorama en el que la casi totalidad de las empresas españolas tiene acceso a Internet, el control del uso que hace de la Red el trabajador se ha convertido en un reto. Los estudios indican que muchos empleados usan Internet para asuntos ajenos a su trabajo: desde consultar su correo personal a ver vídeos o planificar las vacaciones familiares. "Para evitar esto, las empresas -y en mayor medida las Administraciones públicas- imponen filtros para limitar la entrada a determinadas páginas", explica el abogado experto en nuevas tecnologías Alonso Hurtado. Así, en casi el 100% de las empresas públicas es imposible acceder a páginas de descargas o intercambio de archivos, consideradas inseguras, que ocupan mucho ancho de banda y hacen que la navegación vaya más despacio y que, además, plantean problemas de legalidad. En otros muchos centros de trabajo existen también sistemas que impiden la entrada a páginas de vídeos o redes sociales. En algunas se va más allá y los funcionarios tienen vetado el acceso a su correo personal y no pueden leer prensa por Internet. No hay una regla común por la que se rijan las Administraciones. Cada maestrillo tiene su librillo. "Se funciona a través de recomendaciones de carácter interno", explica Hurtado. En el caso de los Consistorios de Bilbao, San Sebastián y Vitoria, los ordenadores tienen sistemas que vetan en acceso a determinadas web. Allí, los funcionarios están divididos en varias categorías que les permiten el acceso más o menos restringido. El departamento de comunicación, por ejemplo, puede consultar todo tipo de prensa. Los funcionarios de Hacienda, sin embargo, no pueden leer la de tipo rosa o deportiva. El acceso a la descarga de vídeos, música y pornografía está vetado para todos. Esos filtros, gestionados por la empresa externa Optenet, se pueden, además, personalizar al gusto de cada Ayuntamiento. Por ejemplo, en el San Sebastián, los funcionarios del Consistorio no pueden entrar en páginas de sorteos y apuestas. Y como este, hay decenas de casos. Como el que narra un funcionario de prisiones catalán, que asegura que el potente filtro que impide a los reclusos acceder a determinadas páginas y a las redes sociales sí permite, por contra, el acceso a páginas de vídeos como Youtube. Además, se controlan al milímetro las páginas en las que los presos han intentado entrar. Y más allá, estos listados de control reflejan también las búsquedas realizadas por los funcionarios que, teóricamente, tienen acceso libre a la Red. ¿Hasta qué punto puede y debe un empresario o una Administración limitar el acceso de sus empleados a la Red? "No hay ninguna ley que diga qué se permite limitar, ni hasta qué grado", explica Hurtado. Todos los expertos se mueven con la misma referencia: la sentencia del Tribunal Supremo de 2007 que anuló el despido de un trabajador por ver porno desde un ordenador de la empresa. En ese caso, el juez -que obligó a la compañía a readmitir al empleado porque nunca le avisó de que hacer ese uso del material de trabajo estuviera prohibido y que tampoco le alertó de que podía inspeccionar lo que veía en internet- hablaba del "hábito social generalizado de tolerancia" con ciertos usos personales "moderados" de Internet en la empresa. "Algo moderado puede ser consultar el correo electrónico, pero no dedicar tres horas a ver vídeos o a leer la prensa deportiva por internet", considera Miguel Martínez, consultor experto en nuevas tecnologías, que ayuda a empresas a decidir qué contenidos filtrar. Este es, dice, además, un sistema para no tener que reglamentar qué se considera moderado y evitar hacer una regulación de uso interna. Otros ven estos filtros directamente como una censura. El sociólogo Artemio Baigorri, especializado en nuevas tecnologías, considera que aún está por definir si esos sistemas de filtrado se pueden considerar censores. "Es evidente que hay algunas cosas que se deben limitar, como las descargas. Pero, en otros casos, más que el bloqueo lo que debería funcionar es la autorregulación. Tendría que clarificarse todo ello, además, de manera legal", sostiene Baigorri, que echa en falta una norma específica sobre este asunto. Martínez ve múltiples razones para instalar estos filtros. "Muchos no se imponen por cuestiones de productividad o para impedir que el trabajador navegue, la mayor parte de las veces se hace por cuestiones de seguridad. Para proteger la red de la empresa". Luis Corrons, de la empresa de antivirus Panda Labs también habla de esa aplicación de los cribados. "Cada día se crean 55.000 nuevos códigos maliciosos, en su mayoría realizados por cibercriminales. ¿Se pueden poner puertas al campo? No podemos poner puertas como las de una caja fuerte de un banco, pero podemos poner vallas electrificadas que ahuyenten a la mayoría de indeseables. Aunque debemos tener una cosa clara: no existe la seguridad absoluta", sigue. Como tampoco la hay completa de que los niños puedan evitar contenidos que resulten peligrosos. El ejemplo del filtro de Valencia es claro: cribaba la palabra gay pero permitía entrar en manuales de explosivos. Y más aún, en la red de bibliotecas públicas de Barcelona el acceso a Internet no tiene ninguna restricción. Se sea menor o no se pueden ver páginas de contenido sexual. Algo que se repite en otros centros de Galicia o Canarias. "Lo que hay que poner en práctica es el uso responsable de las nuevas tecnologías, concienciar a los padres de que eduquen a sus hijos en esa responsabilidad, también a los trabajadores para evitar abusos", dice Martínez. La ONG Protégeles, especializada en menores y nuevas tecnologías recomienda instalar en casa filtros de control parental. Sin embargo, consideran que lo mejor es el control directo de los padres, y que el ordenador esté en un lugar de paso que impida que el menor navegue a solas y sin control. Sin embargo, pocos hacen uso de estas recomendaciones. Y eso a pesar de que recursos no faltan. Y son gratuitos. Los sistemas operativos del ordenador incluyen controles para decidir si se deja Internet absolutamente abierto, se cierra un poco o bastante. Lo mismo ocurre con los principales buscadores como Google o Yahoo. Todos tienen decálogos de buenas prácticas de navegación y de consejos para actuar con precaución en chats y redes sociales. "La realidad es que la gente lo ignora", explica Corrons. Uno de los más completos es el del sistema operativo Windows, pues no filtra sólo la Red sino también los programas que hay en el ordenador y hasta el horario y días de su funcionamiento. Hay otro tipo de filtros, como el SafeSearch de Google, que excluye de los resultados de búsqueda los sitios con contenido sexual explícito. Jorge Flores es el fundador y director de Pantallas Amigas, una fundación dedicada a enseñar el consumo responsable de las nuevas tecnologías. Lleva seis años en ello y cree que la protección y la prevención son una asignatura pendiente. "Los padres se preocupan, pero no se ocupan. Les gustaría tener una varita mágica que les dé la solución, más psicológica que real, al problema; pero el configurar un programa, activar unas opciones, les da pereza", dice. Pantallas Amigas lleva seis años evangelizando en colegios y asociaciones de padres, y han visto cómo ha variado el panorama. "Antes el acceso a Internet era en el ordenador de casa, y había cierto control, ahora el acceso es desde los móviles, y ahí la privacidad es mucho mayor. Los riesgos han aumentado". Pero el control orwelliano, si se quiere, puede llegar a todas partes. Apple acaba de patentar un sistema para controlar el contenido de los SMS. La compañía cree que los sistemas actuales se basan en controlar e impedir el acceso a determinados sitios web o la comunicación con determinadas personas. Apple propone un sistema de control en el que el administrador introduce los criterios (por ejemplo, palabras que considere obscenas) en un documento que trabaja como filtro. Esta aplicación controla los mensajes que envía o recibe quien está usando el teléfono y bloquea aquellos cuyo contenido figura como inconveniente. La aplicación puede alertar al usuario, al administrador o a quien éste designe sobre el contenido del citado documento. En este caso, el remitente debe modificar el mensaje si no quiere que se borre automáticamente.