Una de las diferencias es que el borrador del Congreso abre la posibilidad de que las operadoras deban rastrear la actividad de sus clientes y el acceso a determinados sitios.

En el sitio de la BSA, sus responsables han publicado un documento en el que explican que una ley que persiga a la piratería de los contenidos y programas es básica para promover la creatividad. "Impedir que los piratas saquen provecho de sus robos" es un objetivo que aplauden, pero ello debe hacerse correctamente. El texto advierte que para solucionar el problema, "las acciones legales y los recursos han de ser ajustados". "La libertad de expresión y la privacidad son derechos que no pueden ser comprometidos", prosigue. La BSA detecta que algunos observadores han planteado "dudas razonables" sobre determinadas disposiciones de SOPA que podrían tener consecuencias imprevistas y afectar a personas ajenas a la piratería. "Estas preocupaciones deben ser consideradas".

De prosperar la ley, supondría el bloqueo de los sitios, tanto domésticos como de fuera de Estados Unidos, que difundieran música, películas o programas sin haber obtenido la licencia para ello. El bloqueo obligaría a los proveedores de contenido, pero también a los registradores de dominios e incluso a servicios de intermediación en el pago, como PayPal, que deberían paralizar las transferencias. A ello se añade que buscadores y proveedores de acceso deberían mantener una actividad de filtrado. También se perseguiría a quien incluya anuncios en los citados sitios.

Electronic Frontier ya ha manifestado su preocupación ya que supondría la creación de una lista negra de dominios y la alteración del sistema de gestión de los mismos. Por otra parte, la ley afectaría a servicios como Tor que ofrecen la navegación anónima y que son utilizados por disidentes en países que censuran Internet y persiguen la libertad de expresión.Sus defensores alegan que se trata de aplicar la ley y proteger la creación de empleo en la industria audiovisual e informática.

La inquietud que despierta este proyecto se evidencia en la publicación de cartas abiertas, todas con fecha del 15 de noviembre, de distintos colectivos. Una de ellas está suscrita por Google, Facebook, Yahoo, eBay, Twitter, LinkedIn, Mozilla y Zynga, entre otros,en la que denuncian que presionar a los proveedores de acceso para monitorizar la actividad de sus clientes puede suponer una grave invasión de la privacidad. También asociaciones de otros países se han movilizado y suscriben otra carta que firman, entre otros, European Digital Rights, Free Software Foundation, Quadrature du Net, Open Rights Group y Reporteros sin Fronteras.

Desde octubre hay abierta una petición para que la Administración Obama intervenga. Para que la administración la examine debe alcanzar las 25.000 firmas. También en Internet hay una carta abierta, Salvemos Internet, dirigida a los congresistas para que paralicen esta ley. Se pide que Estados Unidos mantenga este pilar de la democracia que es Internet. Ya la han suscrito más de 700.000 internautas de todo el mundo.